POSICIONAMIENTO
La Organización Iberoamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID) expresa su repudio y profunda preocupación ante el pedido de censura realizado por Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina y hermana del Presidente Javier Milei, en relación a los audios que, según las denuncias públicas, la involucrarían con hechos de corrupción estructural y el pago de sobornos en la compra y suministros de medicamentos para personas con discapacidad.
Resulta más preocupante aún que este pedido de censura explícita fue concedido por el juez en lo Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello para impedir la divulgación de “cualquier chat, foto. audio y video (…) de manera actual o futura”. Esta medida preventiva es un claro ejercicio de censura previa sobre la prensa argentina con el lamentable objetivo de obstruir el acceso a la información de la población, el cual se suma al escenario en el que se dispara contra la prensa que cubre manifestaciones críticas al gobierno (tal como sucedió con el caso de un reportero gráfico que corrió hasta riesgo de muerte), los hechos vinculados con la detención ilegal a periodistas y la represión a manifestantes, jubilados, personas con discapacidad e integrantes de grupos históricamente vulnerados. En un escenario electoral. además, con estigmatización, proscripción política y persecución a opositores.
El gobierno de Javier Milei impulsa estas medidas con el fin de evitar que tomen estado público información socialmente relevante, clave para nutrir las decisiones en la vida democrática. El fallo exprés se dio en simultáneo con la presentación del Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, en la que se solicita el allanamiento del medio de comunicación Carnaval Stream, “la incautación de servidores. discos rígidos, consolas de edición y backups”. que impedirían la labor informativa, sumado al pedido de allanamiento a los domicilios particulares de los periodistas que difundieron los audios en los que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, explica los supuestos pagos de sobornos en la compra de medicamentos y retornos económicos que se señala entregarían a Karina Milei.
Desde el gobierno se asegura que los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico violaron la Iey de inteligencia y que mediante la difusión de esos audios se pone en peligro la estabilidad de la gestión de gobierno actual. Esta decisión se trata de una acusación temeraria y sin fundamento, que se suma a las ya graves formas. insultos. amenazas y descalificaciones proferidas por la máxima autoridad política del país, Javier Milei y sus funcionarios, contra comunicadores que no se identifican con sus intereses o ideología política.
Estas presentaciones judiciales tienen la clara finalidad de limitar el derecho humano a la comunicación, intentando evitar que la población general acceda a la información necesaria para expresar su voto popular, conocer las decisiones gubernamentales en materia de salud integral y poder decidir sobre sus legítimos intereses y derechos que deben ser garantizados para toda la población argentina.
Desde nuestra organización nos vemos en la obligación de manifestarnos contra la vulneración sistemática de derechos humanos en Argentina, como el ataque. hostigamiento y persecución al periodismo, el ocultamiento de la verdad y la manipulación de la justicia que Ileva a cabo la gestión de gobierno del Presidente de la Nación Argentina Javier Milei. Observamos también el incumplimiento manifiesto de la legislación vigente y la Constitución Nacional, que representa la carta magna de la democracia argentina.
Sin libertad de expresión, no hay democracia. Por eso exigimos la inmediata reparación de los daños causados y el libre acceso a información socialmente relevante. vital para la toma de decisiones individuales y colectivas. Solicitamos de forma inmediata el cese de los ataques. hostigamiento y presión estatal que vulnera la libertad de expresión y los derechos humanos en la Argentina.
