La OID repudia la censura y agresiones a trabajadores de prensa por parte del gobierno argentino, exige a todos los poderes públicos su actuación para el freno inmediato de acciones de violencia institucional y el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 12 de marzo de 2025, con reparación de los daños producidos, evitando la impunidad de sus responsables, y salvaguardando el derecho humano a la comunicación y los derechos de las audiencias.
En los últimos días hemos visto con mucha preocupación el aumento de violentas agresiones a trabajadores de prensa en la Argentina, lo que representa una grave vulneración del derecho fundamental de cada ciudadano y ciudadana de informarse a partir de diversidad de voces y miradas. El derecho a la información es esencial e imprescindible para el funcionamiento real de una democracia, por ello todo ataque contra quienes facilitan este derecho, como periodistas, comunicadores, reporteras y reporteros gráficos (fotografía y video), es en esencia, un ataque a la sociedad en su conjunto y a la posibilidad de asegurar una vida en democracia.
En Argentina, la ofensiva contra el trabajo de la prensa y el derecho a la información no es un hecho aislado sino que, lamentablemente, es un componente intrínseco y central del gobierno del presidente Javier Milei quien, desde el primer día de gestión ataca, insulta, estigmatiza y persigue a periodistas y comunicadores. Según sus propias palabras y definiciones son “ensobrados”, “militantes” y “enemigos”.
Además, desde el inicio de su gestión de gobierno, trabajadores de prensa que realizan coberturas de manifestaciones han sido violentados en sus derechos, encarcelados, agredidos y heridos físicamente, tanto que, al estar en la primera línea por su trabajo, por primera vez en la historia de este país en democracia, deben realizar la tarea protegiéndose con cascos, pañuelos, antiparras y máscaras antigás.
En ese marco denunciamos que el pasado 12 de marzo, durante el ejercicio constitucional de manifestación de jubiladas y jubilados frente al Congreso de la Nación, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, el fotoperiodista independiente Pablo Grillo resultó gravemente herido al recibir el impacto de una granada lacrimógena, cuyo uso estuvo expresamente prohibido por su letalidad para las fuerzas de seguridad de Argentina desde el año 2011 hasta diciembre de 2023, cuando fue rehabilitada su utilización por el protocolo anti protesta de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Este peligroso dispositivo fue disparado por un efectivo de la fuerza pública mientras Grillo se encontraba cubriendo la protesta, a la vista de todas las personas, realizando fotografías de los hechos.
Cómo consecuencia del impacto, el fotógrafo perdió el conocimiento de inmediato y fue sometido a varias cirugías de urgencia; actualmente, se encuentra en estado crítico. Nos solidarizamos con su pronta recuperación.
“Tiraron a la matar a la prensa. Los periodistas somos el blanco de la policía” denunciaron en conferencia de prensa horas después representantes de los sindicatos y asociaciones ARGRA, Sipreba y Cels.
Este gravísimo hecho de violencia institucional, no sólo atenta contra la integridad física y la vida de periodistas, comunicadores y trabajadores de prensa, sino que también constituye una violación directa al núcleo de paz y de derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y oportuna, afectando así sus derechos como audiencias.
Por esto, cabe insistir en que los ataques a trabajadores de prensa y a la libertad de expresión, de información y comunicación son parte estructural del actual gobierno, que comenzó con la intervención, el vaciamiento, despidos masivos de periodistas y la “des-federalización” de Radio Nacional, la Televisión Pública, la hoy cerrada Agencia de Noticias Télam y la empresa Contenidos públicos SE (Canal Encuentro, Paka Paka, etc.). En esta oportunidad, además, la Comisión Interna de trabajadores de la Televisión Pública denunció censura en la realización de la cobertura.
Debilitando con esto una parte fundamental de nuestros derechos humanos e impidiendo que recibamos la información necesaria para la toma de decisiones para nuestra vida y entorno social.
Recordamos que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que la labor periodística debe ejercerse libre de amenazas y agresiones. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la violencia contra periodistas tiene un efecto amedrentador que inhibe la libre circulación de información y opiniones, en perjuicio de la sociedad, jaqueando las democracias.
Desde la OID sostenemos que es urgente y fundamental que las autoridades argentinas cumplan de inmediato con la legislación nacional vigente y los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional, en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con la debida obligación de proteger a la prensa y garantizar que su labor sea desarrollada en libertad, así como salvaguardar la libertad de expresión, el derecho humano a la comunicación y los derechos de las audiencias.
